Derecho a la intimidad y privacidad en los mayores de edad.

intimidad y privacidad

En la actualidad el Derecho a la intimidad de las personas es uno de los derechos que se ha visto más amenazado por el fenómeno de las nuevas tecnologías.

Pero este ámbito es muy diverso y por tanto, ¿Qué entendemos por intimidad o privacidad? ¿Cómo se puede proteger en la red?

Este derecho cuenta con un origen clásico, la intimidad, en el Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”

También podemos tener en cuenta el Artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales:

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
  2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho salvo cuando esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de terceros.

Con La Constitución Española, en su Artículo 18, se reconoce como un derecho fundamental:

  1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
  2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
  3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 
  4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Se puede decir que la intimidad es un espiral de protección que rodea la vida íntima y privada del individuo frente a injerencias ajenas o conocimiento de terceros, salvo excepciones muy concretas contenidas en la Ley.

Protege elementos físicos e instrumentales, elementos sustanciales que suponen determinados datos sensibles sobre el individuo.

Con todo esto lo que entendemos es que la intimidad es un derecho fundamental clásico en nuestro ámbito jurídico y ha sido objeto de un gran desarrollo legislativo y jurisprudencial.

Intimidad y privacidad

En torno al Derecho a la Privacidad

La palabra “privacidad” es reciente en nuestra lengua, la RAE no la incluyó hasta el año 2001. Su origen está en el término del inglés privacy, que sí existe y ha sido reconocido al individuo en el derecho anglosajón.

En concreto, en los Estados Unidos de América el derecho a la privacidad fue desarrollado por primera vez en un conocido Artículo jurídico de 1890, Brandeis & Warren, en el cual se definió como the right to be let alone “el derecho a que me dejen en paz”

Privacity se puede traducir en español como la “intimidad” su traducción se llevó a cabo porque era necesario una nueva palabra para definir algo muy diferente, contenido en el Artículo 18.4 de la Constitución española “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”

Es lo que se define como el derecho a la protección de datos de carácter personal.

La privacidad es un nuevo apartado mucho más amplio que la intimidad, que contiene todos los datos vinculados a un individuo, sean sensibles o no, los cuales deben ser controlados y protegidos en su tenencia y tratamiento por parte de terceros.

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Por ello el derecho se ha intentado proteger a nivel internacional.

Desde El Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981, teniendo en cuenta la Directiva Europea 95/46/CE de 1995 y la Carta Europea de Derechos Fundamentales, teniendo en cuenta su Artículo 8 “Protección de datos de carácter personal”

En nuestro país, la privacidad se protege además de hacerlo la propia Constitución, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos.

La Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre Protección del Derecho al honor, a la intimida personal y familiar y a la propia imagen, ha recogido estos tres derechos básicos fundamentales, con una protección especial, que se recogen a su vez en el Art.18 de la Constitución española, como principio general.

El uso de aparatos de grabación de vídeo, de filmación, de escucha y la intimidad personal.

Puede considerarse como intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección de estos derechos:

  • El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.
  • La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.
  • La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.
  • La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.
  • La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.
  • La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
  • La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
  • La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas.
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El derecho a la propia imagen.

Si valoramos lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre la Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen, el Artículo 7 de esta ley establece que:

Como tiene establecido el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, el derecho a la propia imagen pretende salvaguardar un ámbito propio y reservado, aunque no íntimo, frente a la acción y conocimiento de los demás; un ámbito necesario para poder decidir libremente el desarrollo de la propia personalidad y, en definitiva, un ámbito necesario según las pautas de nuestra cultura para mantener una calidad mínima de vida humana.

El bien jurídico se salvaguarda aceptando la facultad de evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, porque constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y protección exterior y factor imprescindible para el reconocimiento como sujeto individual

Con ello los individuos pueden decidir qué aspectos de su persona desean preservar de la difusión pública a fin de garantizar un ámbito privativo para el desarrollo de la propia personalidad ajeno a las injerencias externas.

El aspecto físico de la persona debe quedar protegido siempre incluso cuando, en función de las circunstancias, no tiene nada de íntimo o no afecta a su reputación.

El Derecho al Honor frente al derecho de información y libertad de expresión.

Lo que hace característico al derecho al honor de cara a otros derechos es la que afecta a una sección personal de su titular y no lesionan su buen nombre ni da a conocer su vida íntima.

Hay una doctrina que afirma que la diligencia exigible al informador “le impone, por una parte, la identificación necesaria del sujeto que emite las opiniones o noticias, que de este modo quedan limitadas por la propia credibilidad de su autor”.